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ENTREVISTA A JAVIER DE LUCAS, presidente de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR)*

 

Javier de Lucas

La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) acaba de cumplir 30 años.  Pero su labor en defensa del derecho de asilo sigue siendo necesaria. El refuerzo del control de las fronteras europeas, el Pacto Europeo sobre Inmigración y Asilo así como el proyecto de la nueva Ley de Asilo en nuestro país  suponen, para esta organización, una grave amenaza para la protección de las personas refugiadas y vulneran derechos fundamentales de las personas migrantes.

En este contexto de crisis del derecho de asilo, y con Javier de Lucas como presidente desde diciembre de 2008, CEAR se ha puesto manos a la obra para evitar que estas transformaciones normativas sobre asilo e inmigración que estamos viviendo en Europa y en España hagan oídos sordos a las responsabilidades que como países “privilegiados” tenemos con los millones de seres humanos que se ven obligados a huir de sus hogares en busca de protección.

Y es que como sostiene su presidente  “la defensa del derecho de asilo,  en tiempos de crisis global, no es una exigencia de altruismo, sino una obligación jurídica universal y fundamental”.

 
-¿Se han olvidado los españoles de los tiempos en los que ellos eran los emigrantes y de aquellos otros españoles que tuvieron que pedir asilo, como refugiados tras la guerra civil?

-Nuestra amnesia en ambos casos es desconcertante. Es obvio la falta de proporción entre la acogida que tuvieron los refugiados españoles republicanos tras la guerra civil en buena parte de países de América Latina- como Argentina, Chile o México- y nuestra cicatera posición respecto a quienes hoy tratan de obtener asilo procedentes de países en los que sufren persecución.

Y no menos sorprendente es el olvido de que España es un país  que se reconstruye en gran medida gracias a nuestra propia emigración. Es de sobra admitido que el denominado “milagro alemán”, que permite el resurgimiento tras la II Guerra Mundial, no se debe a un privilegio genético, sino  al Plan Marshall,  al acuerdo entre patronal y sindicatos y a un tercer factor olvidado: la aportación de los inmigrantes, mano de obra barata y tratados como “trabajadores invitados” (Gastarbeiter).

Los grandes paganos del despegue alemán fueron las generaciones de españoles, italianos, portugueses y yugoslavos que contribuyen a ese milagro, que, a cambio, no reciben lo mismo que los trabajadores alemanes.

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-¿Estamos repitiendo exactamente el mismo fenómeno?

-Hemos asistido en estos últimos años –casi hasta ayer-  a un crecimiento inusitado en nuestro país para convertirnos en la octava potencia económica mundial y esto no es un fenómeno que hacemos sólo nosotros. Lo hacemos en gran medida con la aportación de la emigración. Pero ahora que vienen las vacas flacas, lo único que se nos ocurre es recurrir a un ralo pragmatismo –se acabó la fiesta- y decir que se impone la prioridad nacional que nos obliga a restringir la generosidad con inmigrantes y refugiados.

Ahora parece que sobran e incluso se propone -lo ha hecho el eurodiputado del PP, el señor Vidal-Quadras, “mejorando” las propuestas del Ministro Corbacho- que los inmigrantes en paro abandonen el país: ¿acaso no son trabajadores con los mismos derechos que los demás, entre otros, los de las prestaciones como parados, que no son un cato de caridad ni un privilegio que les hemos concedido cuando nadábamos en la abundancia, sino un deber exigible? ¿Es el derecho de asilo un acto de generosidad o un derecho fundamental y universal?

-¿Por qué insisten en subrayar el carácter primariamente universal del derecho de asilo?


-No ya como miembro de una ONG especializada en la atención a refugiados, sino simplemente como profesor de Derecho, me parece inexcusable comenzar por reconocer el carácter básico y la importancia simbólica de este derecho de asilo, espejo de lo que podríamos considerar la función básica de lo jurídico, que es dar seguridad, ofrecer protección y en primer lugar a quien más lo necesite, al más débil, al más vulnerable.

En otras ocasiones he utilizado la argumentación de Arendt sobre ese derecho que- en cierto sentido (y sin desconocer la prioridad ontológica del derecho a la vida y la prioridad deontológica del derecho a la libertad, a la igual libertad)- sería el más universal: es el propio de quienes son sin más seres humanos, sin atributos, de los que están desprovistos de la condición de ciudadanos porque se ven obligados a huir de su propio país, ya que en él se les persigue, no se les reconoce como ciudadanos, como ese nosotros igualitario y abierto que es el único patriotismo aceptable, tal y como expresó genialmente el recientemente desaparecido Benedetti, cuando escribió aquello de que ”quizá mi única noción de patria sea esa urgencia de decir nosotros”.

Son refugiados y buscan asilo porque no se les reconoce ese rasgo básico de la ciudadanía que es la titularidad de los derechos y la exigibilidad de los mismos, como justiciables, es decir, el derecho a la protección efectiva por los tribunales.

Esto se incrementa en tiempos de crisis en los que la prioridad de las políticas públicas debería orientarse a los más amenazados. Y entre los más amenazados –además de los jubilados, los parados- se encuentran los no-ciudadanos, como los refugiados o los inmigrantes y en particular los inmigrantes sin papeles. Por ello, creo que la defensa del derecho de asilo hoy, en tiempos de crisis global, no es una exigencia de altruismo, un deber superogatorio, sino una obligación jurídica universal y fundamental.

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- ¿Es el derecho de asilo, como sostienen desde CEAR, un derecho amenazado, en riesgo de desaparición?

-Lo era antes de la actual situación de crisis global, aunque sin duda ésta acrecienta tal condición. Hay que empezar por recordar que el primer problema es que, pese a que no cesan de incrementarse los refugiados y desplazados, cada vez llegan menos demandas de asilo a nuestras fronteras.

Quiero decir que, aunque aumentan considerablemente los factores que obligan a millones de seres humanos a buscar asilo- es decir, que se hace cierto el dictum acerca del siglo XXI como el siglo de los refugiados porque aparecen nuevas formas de persecución y nuevos factores que obligan a abandonar, a huir de sus países en demanda de protección (piensen en los refugiados medioambientales, o en la persecución por razón de género u opción sexual)- nuestra reacción, en lugar de ampliar el asilo, es estrechar cada vez más sus cauces.

Frente al tópico de que viviríamos amenazados por avalanchas de demandantes de asilo, los hechos muestran que  sucede lo contrario en el mundo próspero del que formamos parte, España, la Unión Europea. Habría que recordar a los ciudadanos europeos  –que vivimos en las sociedades más seguras que jamás hayan existido en términos de seguridad humana -  cuál es la verdadera situación.

-¿Y cuál sería en cifras esa situación?

-En España, en 2008, se registraron tan sólo 4516 solicitudes de asilo, la cifra más baja del periodo 2001-2008, un 41.6% inferior a 2007 (7622 solicitudes), de las que menos de la mitad se admitieron a trámite. En Francia se recibieron 22000 (y se concedieron 11000). En el Reino Unido, 32000.

En España, de las solicitudes admitidas a trámite, sólo se concedieron 151 estatutos de asilo strictu sensu, el 2.91% de las admitidas a trámite (a las que habría que añadir 126 concesiones de protección complementaria).

Esas cifras son indignas para un país que es la octava potencia del mundo y que se muestra mezquino con respecto a una forma muy concreta de mostrar su apuesta por la defensa de los derechos humanos universales que tanto proclamamos. Aquí vale aquello de facta, non verba. No estamos pidiendo asumir como salvadores  hacer frente en solitario a la miseria del mundo.  Sólo estar a la altura de los deberes que impone nuestra condición de privilegio en un mundo global.

-Pero, ¿cómo se explica esta desproporción entre incremento de necesidad de protección y descenso de las solicitudes de asilo?

-Que haya cada vez más necesidad del asilo y, sin embargo, bajen las solicitudes tiene una explicación. Las políticas de control de fronteras y de externalización de las mismas en materia de inmigración y asilo emprendidas por la UE y por España (la firma de convenios bilaterales con países de tránsito es uno de sus principales instrumentos)- tal y como apunta el pacto europeo de asilo e inmigración  acordado los pasados 16 y 17 de octubre de 2008- son un factor fundamental.

Cada vez es más difícil que quienes huyen de persecución y buscan refugio puedan llegar hasta nosotros y, lo que es peor, obtengan el reconocimiento del asilo. La externalización de las fronteras (la adopción por la UE  de la estrategia de Schengen de círculos concéntricos para el control policial de los movimientos migratorios y de refugiados) crea espacios de contención cada vez más difíciles de superar. Eso obliga en buena medida a los refugiados a adoptar la estrategia de seguir a los inmigrantes irregulares, con los que se confunden. Y una de las consecuencias es que son tratados como ellos y ni siquiera se les da la posibilidad de demandar asilo.

-La organización que preside, CEAR, ha sido muy crítica con el proyecto de reforma de ley del asilo que se encuentra hoy en discusión en el Congreso de los Diputados. Vds promovieron un manifiesto, un encierro de 48 horas en defensa del asilo y han publicado minuciosos informes en los que critican ese proyecto. ¿Puede resumirnos las razones por las que CEAR considera un retroceso esa reforma?

-Debo decir, en primer lugar, que nosotros confiamos en que el proyecto experimente una mejora considerable. Confiamos en que la discusión de las enmiendas presentadas por diferentes grupos a este  proyecto de reforma de ley del asilo (una ley en cuya redacción inicial CEAR colaboró notablemente, como se recoge en la propia ley), muchas de ellas inspiradas en propuestas formuladas por CEAR y por otras organizaciones, y la voluntad expresada desde el grupo parlamentario socialista, permitan obtener cambios importantes.

Dicho esto, aunque en el texto del proyecto hay elementos indiscutiblemente positivos, como el esfuerzo por sistematizar la normativa,  el avance en  la protección subsidiaria, el compromiso de abrir un cupo anual de reasentamiento de refugiados y el tratamiento de la dimensión de género, encontramos varios argumentos que preocupan extraordinariamente.

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-¿Qué preocupa a CEAR?

-En el informe de CEAR (www.cear.es) pueden encontrarse detallados argumentos, pero resumiré en media docena los motivos de preocupación.

Primero, el hecho de que en lugar de aprovechar la reforma para ampliar la noción de asilo y adecuarla a la realidad -que muestra, insisto, nuevas formas de persecución, nuevos factores que obligan a millones de seres humanos a huir de sus hogares- restringimos el concepto jurídico y planteamos cauces y procedimientos aún más estrechos para plantear la demanda y para obtener la protección del asilo.

Así, en segundo término, criticamos que se siga utilizando la noción de terceros países seguros, que permite excluir  del asilo a un buen número de demandantes y evita el examen individualizado de cada demanda, lo que viola el principio del asilo como derecho universal y la condición misma de esta institución. Por ejemplo, un colombiano no podría pedir asilo porque Colombia está considerado teóricamente como un país seguro, donde existen normas de Estado de derecho y existen tribunales, pero la realidad desmiente esto, porque la persecución que obliga a demandar el asilo puede provenir de fuentes no institucionales (como los paramilitares) que muchas veces son  más peligrosas.

En tercer lugar, se relativiza la presencia del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en el procedimiento de asilo en frontera, que era garantía de ese procedimiento.

En cuarto, se debilita el papel de organizaciones sociales y se desdibuja la asistencia letrada.

En quinto lugar, desaparece la posibilidad de pedir asilo en España por vía diplomática: habida cuenta de la situación de conflicto en numerosos países del mundo, esto supone eliminar uno de los resquicios para que los que sufren persecución o sean demandantes de asilo puedan ejercerlo.
Y finalmente, es particularmente grave el que se mantenga la inadmisión a trámite y además se acelere por un procedimiento abreviado.

-¿Qué iniciativas proponen desde CEAR?

-Como apuntaba antes, nosotros confiamos en que  se obtenga en España un pacto de Estado, un acuerdo parlamentario amplio en torno al asilo. Incluso creemos que es posible que ese pacto permitiese que España aprovechara su próxima presidencia de la UE, en enero de 2010, para apuntar hacia una política europea de asilo más abierta, más acorde con las exigencias de ensanchar el asilo. Un test a ese respecto sería qué modelo de la Oficina Europea de Asilo se pondrá en marcha, que debe comenzar a actuar precisamente bajo la presidencia española.
Tal y como se recoge en el Informe CEAR 2009,  CEAR ha presentado algunas propuestas sobre las que construir ese pacto de Estado en torno al derecho de asilo, que podrían extenderse quizá al ámbito de la UE.

¿Cuáles serían esas propuestas?

-Ante todo, convendría partir de un concepto de derecho de asilo más amplio, más adecuado a los cambios que ha experimentado la sociedad internacional, tal y como se evidenció en los debates en torno al 50 aniversario de la Convención, hace casi diez años.

CEAR sostiene que debe eliminarse la diferenciación entre el derecho de asilo, la condición de refugiado y la protección subsidiaria y superar el marco estrecho de la definición de la Convención de Ginebra de 1951 y del protocolo de Nueva York del 67.

El punto de partida de una reforma realmente progresista debiera ser  este nuevo concepto del derecho de asilo que, en los términos de esa propuesta, se definiría así: “El derecho de asilo es la protección otorgada a las personas a quienes se reconozca la condición de refugiado en los términos definidos en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, hecha en Ginebra el 21 de julio de 1951, y su Protocolo, suscrito en Nueva York el 31 de enero de 1967, o a las personas de otros países y a los apátridas que, sin reunir los requisitos para obtener el asilo o ser reconocidas como refugiadas, se den motivos fundados para creer que si regresasen a su país de origen en el caso de los nacionales o, al de su anterior residencia habitual en el caso de los apátridas, se enfrentarían a un riesgo real de sufrir alguno de los daños graves previstos en esta ley en virtud de  compromisos regionales e internacionales y que no pueden o, a causa de dicho riesgo, no quieren, acogerse a la protección del país del que se trate”

Por otra parte, la interpretación restrictiva del temor a la “persecución”,  clave para identificar a los demandantes de asilo, debería ampliarse, de acuerdo con las recomendaciones de ACNUR: Como señala el apartado 51 del Manual de Procedimientos y Criterios para Determinar La Condición de Refugiado en virtud de la Convención de 1951 y el Protocolo de 1967 sobre el Estatuto de los Refugiados, publicado por el ACNUR, no existe una definición universalmente aceptada del concepto de persecución y los diversos intentos de formularla han tenido escaso éxito, por lo que se debería mantener una redacción con la suficiente amplitud que descarte prácticas restrictivas injustificadas: “Toda amenaza contra la vida o la libertad de una persona por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas es siempre persecución”.

-¿Qué deberían  hacer, entonces, España y la Unión Europea?

-El punto de partida de toda reforma debe ser tomar en serio, con instrumentos e iniciativas concretas, la prioridad de los derechos humanos en la política exterior de la UE –tal y como lo proclama constantemente la propia UE- y muy concretamente en lo que se refiere a las políticas de inmigración y refugio.

A esos efectos, sería necesario que tanto España como la UE se comprometan de modo eficaz en la lucha contra la impunidad, que es una de las claves de los desplazamientos forzosos de los refugiados. Por eso, es necesario reafirmar el compromiso de la legislación interna estatal y de la comunitaria con el principio de jurisdicción universal contra crímenes de guerra, genocidio, lesa humanidad. Creo que la refoma acordada a raíz del debate sobre el Estado de la nación y cuya justificación jurídica radicaría en poner en sus justos términos la tarea de los tribunales españoles a ese respecto (las razones políticas, el pragmatismo en nuestras relaciones con China o Israel son evidentes) no se sitúa en esta línea.

-¿Y más concretamente en el ámbito de la política de inmigración y de asilo?


-Aquí es necesario detener el proceso de externalización de fronteras que traslada a países terceros las competencias a la hora del control de los movimientos migratorios y también de los eventuales solicitantes de asilo, sin que se exija a esos países ni la ratificación de los instrumentos internacionales que establecen el Standard mínimo internacional respecto a los derechos, ni, menos aún, la garantía efectiva de los mismos.

Una medida necesaria es que todo convenio de cooperación en esta materia se condicione o pase el control regular (por ejemplo, anual) de un proceso de certificación a ese respecto, que debería tener sede parlamentaria (por ejemplo, en España, en el Congreso de los Diputados).

Otro elemento consistiría en establecer un compromiso plurianual de reasentamiento  que no debe ser entendido como un sucedáneo respecto a los procedimientos de asilo tout court, sino como una solución duradera para garantizar la satisfacción de las necesidades básicas de los refugiados, a la par que una herramienta de corrección, de equilibrio en la distribución de la responsabilidad y solidaridad entre los Estados miembros de la UE.

Por otro lado, hay que mejorar de un instrumento básico de las políticas estatales y europeas, los Centros de internamiento de extranjeros. Es necesario adecuarlos a los standards de respeto de los derechos, comenzando por la información sobre la posibilidad de solicitar el asilo. A esos efectos, Migreurop ha iniciado una campaña para exigir el libre acceso a esos centros por parte de las ONGs para garantizar el control de los mismos.

Los más vulnerables, aquellos cuyas necesidades básicas se encuentran más amenazadas, no pueden ser los paganos de la crisis que nos afecta a todos pero que golpea más duramente a quienes tienen menos defensa. Esa es la situación de los inmigrantes y, desde luego, de los refugiados. Una política coherente con los principios que proclamamos debe situarlos como prioridad y no hacer de ellos una mercancía, una coartada de relegitimación y consumo interno.

-Para terminar, ¿cuál es el objetivo básico que debe presidir una reforma adecuada de la política de inmigración y de asilo?

-A mi juicio, el objetivo de una reforma en serio debería ser aproximarse a uno de los elementos que definen una sociedad decente, algo que podríamos definir en los términos propuestos por Péguy,  una “ciudad sin exilio”. Por eso, sería de desear que se aproveche esta oportunidad de reforma para enviar el mensaje en positivo que pueda significar una apelación a recuperar en el ámbito de la UE  el espíritu de Tampere o, para ser más exactos, la fidelidad a los principios proclamados por la propia UE como constitutivos, tanto en la frustrada Constitución europea,  como en el farragoso Tratado de Lisboa: la primacía de los derechos y el respeto a los instrumentos internacionales de derechos humanos, entre los que se encuentran, de un lado, los Convenios de Ginebra y los Protocolos de N York y, de otro, la Convención de 1990 de la ONU sobre derechos de los trabajadores inmigrantes y sus familias.

Sería un buen prólogo para la inminente presidencia española de la UE en 2010, una oportunidad para mostrar una imagen de la UE diferente, comprometida con la legalidad internacional, un buen argumento para recuperar la presencia fuerte de la UE como agente en las relaciones internacionales. En definitiva, para recuperar el valor mismo del Derecho y del Estado de Derecho, que es la opción por la que debemos decidirnos en estos tiempos de crisis que alientan agudamente el planteamiento de la alternativa a la que según Lochak se enfrentan las políticas europeas respecto a la inmigración –extensible al asilo-, Face aux migrations, Etat de Droit ou etat de siége.  La misión del derecho, lo que hace o puede hacer de la tarea del Derecho y los juristas algo noble es esa prioridad de defensa del más débil en aras de la igual libertad. Para revertir el pesimista –lúcido- argumento de Benedetti: “el mundo es esto/en su mejor momento, una nostalgia/en su peor, un desamparo”.


CEAR en HURI-AGE

- ¿Qué motivó a su organización (CEAR) a participar en el proyecto “El tiempo de los derechos” como entidad colaboradora?

- El interés de un proyecto de esta entidad en el ámbito de la investigación, la docencia y la sensibilización sobre los derechos humanos.


- ¿Qué aspecto/s destacarían de HURI-AGE?

- La puesta en común de una red de derechos humanos desde la perspectiva universitaria, la visibilidad a través de la página web y la posibilidad de formación que ofrece a profesionales que trabajan en ámbito de derechos humanos.

- ¿Qué esperan de este proyecto y qué creen que puede aportar su organización a HURI-AGE?

-La misión fundacional de CEAR concierne a la protección, defensa y sensibilización del derecho de asilo y también de los derechos de quienes por su condición de extranjeros se encuentran en situación de vulnerabilidad. Por tanto, el proyecto Consolider es una magnifica plataforma para  colaborar desde CEAR

- ¿Consideran que el programa presta suficiente atención a la cuestión de los refugiados?

-Cualquier grado de atención es siempre poco, habida cuenta de la entidad del problema. Sin embargo, creemos que con la participación de CEAR puede concretarse un poco más la atención a los refugiados y arrojar alguna luz sobre un derecho universal gravemente amenazado, como es el derecho de asilo.


*La Comisión Española de Ayuda al Refugiado –CEAR- es una organización social, plural e independiente, creada en 1979, cuya misión es defender y promover los Derechos Humanos y el desarrollo integral de las personas refugiadas, desplazadas, apátridas y migrantes con necesidad de protección internacional y/o en riesgo de exclusión.
CEAR está integrada por organizaciones defensoras de los derechos humanos (Club de Amigos de la UNESCO, Asociación pro Derechos Humanos de España, IEPALA), las principales centrales sindicales (UGT, CCOO, USO), entidades religiosas (Caritas Española, Iglesia Evangélica, Asociación Musulmana de España) y las principales fuerzas políticas con representación parlamentaria (PP, PSOE, IU), así como personalidades que se han distinguido por la defensa del derecho de asilo y de los derechos fundamentales de los refugiados, como D. Juan María Bandrés (presidente de honor en la actualidad). Su presidente es D. Javier de Lucas y su secretario general es D. Alfredo Abad.


CEAR trabaja desde su fundación en la defensa del derecho de asilo y de los refugiados (son refugiados quienes huyen de sus países por temor fundado a ser perseguidos, por motivos políticos, étnicos, religiosos, de origen nacional o de pertenencia a un grupo social determinado, a causa de violencia generalizada o por conflictos armados) así como de los desplazados internos (quienes huyen de su hogar por iguales motivos pero permanecen en sus países) y de quienes llegan en situación de especial vulnerabilidad o son apátridas.


Sin excluir el trabajo en y sobre otras regiones, CEAR centrará su atención en países y zonas especialmente castigadas por las migraciones forzadas, donde CEAR cuenta con una trayectoria de trabajo: Colombia: como país emisor del mayor colectivo de personas refugiadas en el Estado español y como segundo país del mundo en número de personas desplazadas internamente; Magreb y África occidental: donde se concentra la problemática del tránsito hacia Europa debido, en gran medida, a las políticas migratorias europeas; Palestina: población con mayor número de personas refugiadas en el mundo.


CEAR también cuenta con una Fundación. La Fundación CEAR - Consejo de Apoyo a los Refugiados es continuadora de los trabajos que el Consejo de Apoyo a los Refugiados desarrolló entre 1987 y 1992 en la cooperación internacional y promovida por CEAR para actuar en los países y regiones en conflicto. Durante todo este tiempo ha trabajado para favorecer la protección global de los refugiados y desplazados en las regiones y países en conflicto y ha acumulado a lo largo de los últimos años una experiencia constatable en la construcción de asentamientos humanos con poblaciones refugiadas o desplazadas en situaciones de pobreza extrema y ha mantenido una decidida presencia en el continente africano y Oriente Medio.


Enlace: www.cear.es