Entrevista con Paco  Anguita, miembro del Equipo de Educación de Amnistía Internacional en Madrid*

“Nuestros hijos vivirán en un mundo sin ese crimen de estado que es la pena de muerte”.

-¿Cuáles son los principales argumentos de Amnistía Internacional para oponerse a la pena de muerte en todos los casos?

-El principal es la defensa misma de la Declaración Universal de Derechos Humanos, cuyo artículo 3 proclama el derecho incondicional a la vida. Nada en la Declaración tiene sentido si se niega este derecho básico. Pero hay muchos criterios de orden práctico: la pena de muerte no es disuasoria, como se ha visto comparando las estadísticas de delitos de sangre en países retencionistas y abolicionistas; y los fallos judiciales, de los que hay demasiados ejemplos, son lamentablemente irreversibles. Por último existe, además de la condena moral, un tema que redobla la injusticia: para el mismo delito, las personas pobres y pertenecientes a minorías raciales corren un riesgo mucho mayor de ser condenadas a muerte.

-El 10 de octubre es el Día Internacional contra la pena de muerte, ¿en qué consiste esta jornada? ¿Qué va a hacer Amnistía para conmemorarlo?

-En 2003, la Coalición Mundial contra la Pena de Muerte, de la que Amnistía forma parte, decidió declarar esta fecha una jornada de lucha contra esta violación del derecho humano más fundamental. En todo el mundo, las sesenta organizaciones pertenecientes a la Coalición iluminan con lemas contra la pena de muerte edificios públicos (este año, más de mil), colocan pancartas y leen manifiestos. Muchos consistorios se declaran solemnemente contra la pena de muerte. En España, Amnistía pidió al gobierno español que dé un nuevo impulso a su iniciativa por la moratoria universal de todas las ejecuciones para 2015.

-¿Cuántos países mantienen la pena de muerte en la actualidad?

-Quedan todavía 59 países retencionistas, contra 138 abolicionistas (de diversas modalidades). En total, sólo un 30% de los estados mantienen la pena capital en la práctica.

-¿Qué balance harían de la situación? ¿Caminamos hacia el abolicionismo?

-Creemos que éste es uno de los temas de derechos humanos que esta generación verá solucionado. Hay un goteo constante de países que renuncian a las ejecuciones: este año, Burundi y Togo. Pero más importante que los casos individuales son los tratados internaciones que vetan la pena de muerte, como es el Segundo Protocolo Facultativo del Pacto internacional de Derechos Civiles y Políticos, que prohíbe expresamente las ejecuciones en tiempo de paz.

-¿De qué es reflejo que una sociedad acepte la pena de muerte?

-En Amnistía vemos este castigo como un recuerdo de las épocas más oscuras de la humanidad: las sociedades incultas y violentas se siguen rigiendo por impulsos instintivos; pero esa violencia sólo genera más violencia. Las sociedades cultas creen en las personas y toman los castigos penales como una forma de redimir un delito, no como una venganza.

 
-La primera Acción Urgente de Amnistía Internacional se emitió en 1973, en defensa de un profesor brasileño, Luiz Rossi, que corría grave riesgo de ser torturado. Desde entonces el envío de cartas ha sido una de las principales herramientas de esta organización para luchar contra la pena de muerte.   ¿Cuál es la eficacia real de este tipo de acciones?

-Típicamente, la Red de Acciones Urgentes envía llamamientos sobre unos mil casos cada año. Amnistía ha podido comprobar que en un tercio de ellos se produce una mejora en la situación de los presos. El mejor ejemplo de la eficacia de la red lo expresó un ex-torturador salvadoreño: “Si se ejerce mucha presión, como hace Amnistía Internacional, es probable que los presos políticos pasen a manos de un juez. En caso contrario, están muertos”.

-El envío de cartas y  correos electrónicos suponen “la acción de numerosas personas anónimas a favor de otras personas víctimas de violaciones de los derechos humanos”. En función de su experiencia, ¿creen que cada vez  son más los ciudadanos que se muestran contrarios a la pena de muerte?

-El número de apelantes crece igual que lo hace el número de activistas de derechos humanos, lo que interpretamos como una respuesta de la sociedad civil contra la injusticia en el mundo. En este contexto, la repulsa a la pena de muerte es sólo una parte de un movimiento más amplio hacia un mundo mejor.

-Algunos crímenes generan una corriente de opinión favorable a la cadena perpetua. ¿Es Amnistía favorable a estas medidas? ¿Estamos entrando en una época oscura de la política penal?

-Amnistía no se posiciona sobre la duración de las penas, y por ello no opina sobre la cadena perpetua. Lo único que exige a los gobiernos es que los juicios se ajusten al derecho internacional.

-La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó el 18 de diciembre de 2007 una resolución a favor de una moratoria en la pena de muerte en todo el mundo.  El 18 de diciembre de  2008, se aprobaba una segunda pidiendo  a todos los Estados que aplicasen una moratoria de las ejecuciones. ¿Están teniendo ya efectos prácticos?

-El último informe de la organización sobre la pena capital se titula “Pena de muerte, ¿una pena en vías de extinción?”. La frase es alentadora, pero las interrogaciones significan que la presión contra la minoría retencionista debe continuar.  Sin embargo, todos los indicios invitan al optimismo: el 3 de agosto, el presidente de Kenya conmutó la condena a muerte de 4.000 presos. Es un récord histórico, y en Amnistía lo entendemos como significativo; pero no bajamos la guardia.

-¿Queda mucho por hacer para conseguir un mundo libre de ejecuciones? ¿Cuáles serían los desafíos más inmediatos?

-A causa de su liderazgo mundial, China y Estados Unidos son los dos grandes malos ejemplos mundiales sobre la pena de muerte. Probablemente sean los dos últimos bastiones retencionistas en caer; pero no tardarán mucho en verse solos, y eso hará su postura mucho más difícil. Repito nuestra convicción: nuestros hijos vivirán en un mundo sin ese crimen de estado que es la pena de muerte.