| Entrevista a Maria Virginia B. Gomes |
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Entrevista a – Miembro del Comité de Naciones Unidas para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. “El respeto, la protección y la satisfacción de los derechos humanos están por encima de cualquier otro interés nacional o internacional”  -¿Qué balance hacen desde el Comité de Naciones Unidas para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la situación actual? ¿Cuáles son los mayores retos a los que debe hacer frente en el 2010? -El comité es un órgano supervisor compuesto por expertos independientes encargados de comprobar la implementación del Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Desde la experiencia adquirida en la supervisión de los informes de los Estados parte sobre la implementación del Pacto, desde mi perspectiva personal y partiendo del hecho de que la pobreza constituye una violación de los derechos humanos, el mayor reto de este 2010 es que los Estados lleven a cabo políticas para contrarrestar los efectos adversos de la crisis global; una crisis que ha aumentado la pobreza de personas y colectivos tradicionalmente discriminados y desventajados y ha creado nuevos grupos vulnerables a la pobreza y exclusión social, especialmente debido al desempleo y a una inadecuada protección social. Para garantizar los derechos humanos no basta sólo con los resultados, sino que también debe garantizarse el proceso, a través de la participación significativa de los titulares de los derechos. Esto es un pre-requisito para todos los países. -¿Cuáles son las estrategias del Comité de Naciones Unidas para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales frente al recorte de derechos sociales- salud, educación…, que estamos viviendo? -El Comité ha prestado gran atención a los asuntos de descentralización y privatización de los servicios básicos en las áreas de la salud, la educación y la protección social. Aunque la conformidad con los derechos humanos no exige unas políticas públicas particulares, no obstante, es verdad que la gente que ha estado social y económicamente excluida de los beneficios del progreso y el desarrollo nacional debería ser el centro de dichas políticas. La privatización, por ejemplo, de los servicios de salud ha dejado sin acceso a los mismos a quienes están en situación de marginación social y no pueden permitirse pagarlos; la privatización de los sistemas de pensiones ha dejado a los sistemas públicos de seguridad social con menos fondos y ha tenido un impacto negativo en las pensiones de los trabajadores peor pagados… Las recomendaciones del Comité a los Estados parte se han referido, sistemáticamente, a la necesidad de garantizar el acceso igualitario a los bienes y servicios básicos para todos y todas y, especialmente, para los más desaventajados y marginados. - Entre esos colectivos desaventajados y marginados se encuentran los no-nacionales. ¿Qué propone el Comité con respecto a los recortes de sus derechos sociales? -La garantía a la que me acabo de referir se aplica también a los no-nacionales, ya que el Convenio cubre a todo aquel que viva bajo la jurisdicción del Estado parte y los derechos sustantivos incluyen la referencia a “todos”. Así, en nuestros Comentarios Generales sobre la interpretación de los derechos del Pacto, hemos incluido, repetidamente, referencias a los no-nacionales. Por ejemplo, el Comentario General 19 sobre el derecho a la seguridad social incluye, bajo la amplia etiqueta de no-nacionales, a los trabajadores inmigrantes, los refugiados, asilados y las personas “sin estado”. Igualmente, el Comité, en su Comentario General número 20 sobre no-discriminación y derechos económicos, sociales y culturales, ha incluido, en su interpretación de la cláusula “cualquier otra condición social” del artículo 2.2.del Pacto, la nacionalidad como una causa de discriminación. -¿Qué políticas concretas de solución plantea el Comité frente a la crisis alimentaria mundial? - El derecho a la alimentación es parte del derecho a un nivel de vida adecuado (Artículo 11 del Pacto). En nuestro Comentario General sobre el derecho a la alimentación y, más recientemente, en la declaración sobre la Crisis Mundial Alimentaria, hemos subrayado que el derecho humano a una alimentación adecuada y a estar libre del hambre es de una importancia primordial para el disfrute de todos los demás derechos- incluyendo el derecho a la vida- y que todos los Estados parte están obligados a asegurar -a quienes estén bajo su jurisdicción- el acceso, económica y físicamente, a un mínimo esencial de alimentos que sean suficientes, nutricionalmente adecuados y seguros. Los Estados tienen que llevar a cabo medidas urgentes- tanto de forma individual como con la ayuda internacional- para garantizar el derecho a la alimentación, sin discriminación, a través de la provisión y distribución de la ayuda humanitaria de emergencia, pero también tienen que hacer frente a las causas estructurales, a nivel nacional e internacional. Esto último incluye: la revisión del sistema económico global bajo la Organización Mundial de Comercio, asegurándose de que las reglas globales de comercio agrícola promuevan, en lugar de minar, el derecho a una alimentación adecuada y a estar libre del hambre, especialmente en países en vías de desarrollo y que tienen que importar alimentos; asegurar que las estrategias para combatir el cambio climático no afecten negativamente al derecho a una alimentación adecuada; e introducir y aplicar principios de derechos humanos al llevar a cabo evaluaciones de impacto de las políticas de desarrollo, comerciales y financieras, tanto a nivel nacional como internacional.  -¿De qué medios dispone el Comité para enfrentarse a situaciones de países como Haití, Sierra Leona, Burkina Faso, Suazilandia, Mozambique, y tantos otros, sumidos en la pobreza y la no-democracia, y que, con frecuencia, ven saqueados sus recursos naturales? -Como órgano supervisor, el Comité no tiene poder de decisión, sino más bien la responsabilidad de hacer recomendaciones y sugerencias a los Estados parte, en sus observaciones finales, al final del periodo de informe. El Comité, en relación con todos los países –independientemente de su grado de desarrollo económico y social- y caso a caso, subraya los aspectos positivos de las políticas nacionales, pero también las dificultades y los fallos en la implementación del Pacto, y hace las correspondientes sugerencias, teniendo en mente, sobre todo, las personas y grupos desaventajados y marginados. Es especialmente importante que los gobiernos de los Estados parte cumplan con sus obligaciones principales, en otras palabras, las obligaciones que garantizan para todos el disfrute del nivel mínimo esencial de cada uno de los derechos fijado en el Pacto. Asuntos como los efectos adversos de las medidas de mitigación y adaptación al cambio climático sobre los derechos de las poblaciones indígenas; la violación de los derechos económicos, sociales y culturales en mega-proyectos de desarrollo y zonas económicas especiales; la destrucción y apropiación inadecuada de los recursos naturales; y la apropiación del suelo, entro otros, ocupan la mayor parte del tiempo en el diálogo con los Estados parte y son, posteriormente, incluidos en las observaciones finales. -¿Cuál considera que es el papel de la sociedad civil y del sector privado en la búsqueda de soluciones a largo plazo? -El respeto, la protección y la satisfacción de los derechos humanos están por encima de cualquier otro interés nacional o internacional, lo que significa que todas las instituciones, ya sean públicas o privadas, tienen responsabilidades diferentes a este respecto. El Estado es el garante final del disfrute de los derechos humanos para los que viven bajo su jurisdicción, pero la sociedad civil-a través de las ONG y las organizaciones de base- tiene un papel importante que jugar respecto a los derechos humanos en la oferta de servicios y su evaluación, en la defensa judicial de los derechos y la formación de grupos de presión, en la capacitación y en la concienciación y en la detección de las violaciones de los mimos. En cuanto al sector privado, debería extender y fortalecer sus responsabilidades sociales, asegurando el respeto a los derechos de los trabajadores y la inversión social corporativa. Las organizaciones financieras internacionales también deben tomar en cuenta los derechos humanos en sus políticas de préstamo, acuerdos crediticios, programas de ajuste estructural y proyectos similares.
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